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La semana pasada, la jueza estadounidense Amy B. Jackson dictaminó que el comercio de BNB (BNB) y otras criptomonedas no está sujeto a la legislación estadounidense sobre valores. Coinbase y Ripple Labs utilizan ahora esta sentencia para reforzar su posición. Lo están haciendo en sus casos en curso contra el auto-proclamado guardián de las criptomonedas de Estados Unidos, la SEC.
La SEC se enfrenta a un espejo
En los últimos días, Coinbase y Ripple han destacado la falta de claridad sobre la regulación de las criptomonedas en sus presentaciones. Las empresas argumentan que esta reciente sentencia pone de manifiesto la urgencia de que la SEC establezca normas claras.
La opinión del juez Jackson «exacerba la confusión que la SEC está causando en el sector», declaró Coinbase en su solicitud al Tribunal de Apelación del Tercer Circuito.
Coinbase añadió que la opinión en el caso Binance confirma que el tribunal debe ordenar a la SEC que formule normas. Este tribunal está viendo un caso presentado por Coinbase en abril de 2023, en el que la bolsa pide una respuesta clara de la SEC a su solicitud de regulación del sector del crypto.
«Esto pone de relieve la necesidad urgente de una revisión del recurso para proporcionar claridad en la aplicación de las leyes de valores y la regulación de los participantes del mercado de criptomonedas», dijo Coinbase en su presentación.
Ripple también ataca
En su última demanda, Ripple también se refirió a un comentario del juez Jackson en el sentido de que la criptomoneda no encaja perfectamente en la legislación vigente sobre valores, tal y como establece la prueba Howey de 1946. Esta prueba es esencial para determinar si una transacción se califica como un contrato de inversión y, por tanto, cae bajo la supervisión de valores.
«Esta observación apoya el argumento de Ripple de que proporcionar claridad sobre la legalidad de los diversos tipos de ventas de XRP fue el aspecto más importante de la decisión del Tribunal sobre el juicio sumario», dijo Ripple en su presentación.
La SEC y Ripple han estado envueltas en una batalla legal durante años, después de que la SEC acusara a la compañía de recaudar más de $1.300 millones de dólares mediante la venta de tokens XRP, que la SEC clasificó como valores no registrados.
Sin embargo, la jueza Analisa Torres dictaminó el año pasado que ciertas «ventas programáticas» de XRP no constituían transacciones de valores, debido a un proceso de licitación ciega utilizado para tal fin. Sin embargo, dictaminó que otras ventas directas del token a inversores institucionales sí se consideraban valores. Ripple trata ahora de utilizar esta interpretación matizada para impugnar reclamaciones más amplias de la SEC.
