Reino Unido abraza ya las criptomonedas tras la firma del Rey Carlos

El Reino Unido ha dado un paso importante en la «adopción segura de las criptomonedas». En efecto, el rey Carlos ha firmado la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2023, que permitirá regular oficialmente criptomonedas como el Bitcoin (BTC), entre otras. Se trata de un gran paso en la misión del Reino Unido de convertirse en un centro criptográfico.

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21/10/2025

El Bitcoin podrá ser regulado oficialmente

La nueva legislación se deriva del Brexit. Las leyes anteriormente aplicables desarrolladas en Bruselas ya no se aplican al Reino Unido. Por lo tanto, ahora es necesario llenar este vacío.

El Reino Unido quiere hacerlo de forma que las leyes y normativas que rigen su sector financiero encajen perfectamente con los objetivos del reino. «La ley refuerza la competitividad del Reino Unido como centro financiero mundial y ofrece mejores resultados a los consumidores y las empresas», afirma un comunicado de prensa.

Las leyes y los reglamentos pueden ser temas aburridos. Sin embargo, para un sector tan nuevo como el de las criptomonedas, es importante hacerlo bien. El Reino Unido todavía parece querer recibir al sector crypto con los brazos abiertos. Por ejemplo, el gobierno lleva algún tiempo hablando con los miembros de los consejos de administración de las principales empresas de cryptos.

Las cryptos forman parte del nuevo paquete

Así que las cryptos y el blockchain también han recibido un lugar en esta ley. Eso sí, se trata de un primer paso; la legislación específica aún está en fase de desarrollo. Sin embargo, el comunicado de prensa menciona:

«[La ley] permite la regulación de las criptomonedas para apoyar su adopción segura en el Reino Unido.
[La ley] establece ‘cajas de arena’ que pueden facilitar el uso de nuevas tecnologías como blockchain en los mercados financieros.»

Mientras tanto, países de todo el mundo están ocupados desarrollando normativas sólidas y robustas. La Unión Europea introdujo recientemente un paquete histórico. En cambio, Estados Unidos parece quedarse atrás, adoptando una política relativamente agresiva de demandar a las empresas.