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El 28 de marzo, el Parlamento Europeo votará una nueva ley contra el blanqueo de capitales. Los responsables políticos del Parlamento Europeo parecen haberse puesto de acuerdo sobre esta ley. Esto se debe a que la Unión Europea quiere evitar que los delincuentes eludan las normas contra el blanqueo de capitales a través de las criptomonedas. El Parlamento Europeo lleva tiempo ocupándose del mercado de las criptomonedas y de su posible legislación.
Límites a las transacciones y preocupación por la innovación DeFi
Parte del proyecto de ley se refiere a la intención de limitar las transacciones si no se identifica plenamente al propietario de la criptocartera o wallet. Un cambio previo que se pretendía introducir en la ley contra el blanqueo de dinero era regular las criptomonedas de forma más estricta, aceptando únicamente transacciones de crypto servicios si tienen licencia de la Unión Europea. Sin embargo, esto sólo se aplicaría a las transacciones superiores a €1.000.
Al mundo de las criptomonedas le preocupa que las normas en torno a la regulación creen barreras en la innovación DeFi, entre otras cosas. En la última variante del proyecto de ley, las transacciones en efectivo, es decir, con dinero físico, se permiten sin autorización hasta un importe de €7.000. El límite no se aplica a los pagos entre particulares, sino a artículos como bienes inmuebles, artículos de lujo o depósitos en una entidad financiera. Estos pagos entran en la categoría de «pagos comerciales».
Votos a favor del proyecto de ley en la Unión Europea
Los eurodiputados han añadido a este proyecto de ley un mandato para que la Comisión Europea dé la opción de modificar la legislación sobre pagos comerciales en tres años. Lo han hecho con la idea de mantenerse en línea con futuros planes reguladores, como con la (posible) llegada de la identidad digital a la Unión Europea.
Se espera que se apruebe el proyecto de ley. Si lo hace, podrán tener lugar las negociaciones interinstitucionales. Las negociaciones interinstitucionales son negociaciones entre la Comisión Europea, el Consejo de Ministros (los gobiernos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea) y el Parlamento Europeo.
