Ayer, 27 de febrero, la Agencia Tributaria de España, Hacienda, anunció su plan de acción para el año 2023, el cual incluye un enfoque mucho mayor en la localización y en el embargo de criptomonedas, en casos de compromiso fiscal. De acuerdo con el plan publicado en el Boletín Oficial del Estado, se llevarán a cabo actuaciones de localización de nuevos bienes susceptibles de embargo, con especial enfoque en los criptoactivos y monedas virtuales.
Los procedimientos de los embargos digitales
El Área de Recaudación de la Agencia Tributaria será la encargada de llevar a cabo esta tarea, investigando el uso de monedas virtuales en España. Según la Agencia Tributaria de España, el embargo de criptomonedas a los contribuyentes seguirá un procedimiento similar al de una acción.
En primer lugar, se embargará el monedero, o wallet de criptoactivos, para lo cual se solicitarán las claves de custodia a un proveedor de Bitcoin (BTC) o de monederos, y se ordenará el congelamiento de la wallet. Posteriormente, la Agencia Tributaria solicitará la liquidación de los activos en el monedero a embargar y la transferencia de los fondos al Ministerio de Hacienda en euros, por el monto que cotice el criptoactivo en ese momento, según informa El Español.
Controversia en la comunidad crypto española
Es comprensible que en caso de una deuda o compromiso fiscal se produzca un embargo de los activos de un individuo, siguiendo la ley española. Sin embargo, estas medidas han causado una sensación en España. Han sido señaladas por interrumpir la privacidad que prometen las criptomonedas descentralizadas, debido al seguimiento que se realizará sobre estas desde el Estado.
Mas allá de los embargos, también se desató una polémica debido a que fueron acompañadas de la mano de otro propósito. Para este 2023, Hacienda dejó claro en su plan de acción, que se financiaran investigaciones para conocer a que se destinan estas criptomonedas, y de este modo «detectar elementos patrimoniales cuyo origen pueda vincularse a actividades criminales».
