La propuesta de Trump de incluir el bitcoin en la Reserva Nacional recibe críticas
Foto: Jonah Elkowitz/Shutterstock
A finales de julio, Trump pronunció un discurso en la Bitcoin Conference 2024. Las expectativas eran altas, ya que había anunciado previamente que si llegaba a la presidencia sería «pro-Bitcoin». Al final, superó todas las expectativas con el plan de incluir a Bitcoin (BTC) en las reservas nacionales de divisas. Sin embargo, ha recibido numerosas críticas de los expertos.
Trump quiere una reserva nacional de Bitcoins
Hablando en la conferencia en Nashville, EE.UU., el candidato presidencial declaró que tiene grandes planes para el crypto. No sólo quiere políticas sólidas para la crypto industria. También quiere crear una «crypto capital» para consolidar la posición dominante de Estados Unidos como líder del mercado de la industria.
La parte superlativa de su plan está en la enorme cantidad de bitcoins confiscados que posee el Gobierno. Quiere trasladarlos a una reserva nacional de divisas. Es habitual que un país mantenga moneda fiduciaria extranjera y oro, pero el bitcoin no suele figurar en esa lista. Con esta medida, EE.UU. se parecería un poco a El Salvador, que tiene una estrategia similar.
Según BitcoinTreasuries, EE.UU. posee más de 213.000 BTC en el momento de escribir estas líneas. Esto es más que cualquier gobierno, y también más que la mayoría de las partes centralizadas. Al precio actual de Bitcoin, su valor ronda los $13.000 millones.
Las reservas de Bitcoins no son legalmente viables
Pero el plan ha recibido muchas críticas, escribe Bloomberg. De hecho, Trump quiere trasladar los activos confiscados por el Departamento de Justicia a los delincuentes a la reserva nacional propuesta. El candidato presidencial llamó a sus seguidores a no vender, y tampoco parece tener intención de hacerlo con las reservas.
Pero eso no es legal en absoluto, según Amanda Wick, ex fiscal y ahora consejera. De hecho, los bienes capturados por delincuentes deberían devolverse a las víctimas.
Las ex funcionarias judiciales Elizabeth Boison y Laurel Loomis Rimon coincidieron en que, según la legislación vigente, el gobierno no está autorizado a hacerlo. El propósito de las incautaciones, dijeron, es disuadir la delincuencia. La finalidad del gobierno no es ganar dinero.
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