Virginia Fedele
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Analizado: entran en vigor nuevas normas cripto de la UE

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Analizado: entran en vigor nuevas normas cripto de la UE

Shutterstock/George Khelashvili

Durante años existió la idea de que no había que pagar impuestos por bitcoin y otras criptomonedas. Eso no es correcto. Las criptomonedas están sujetas a la normativa fiscal y cada vez resulta más difícil mantener el patrimonio fuera del radar.

Ahora que la directiva europea DAC8 ha entrado en vigor, las autoridades fiscales vigilan con más atención que nunca. ¿Qué es exactamente esta ley, por qué se ha aprobado y qué notarás tú en la práctica?

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¿Qué es DAC8 y por qué se aprueba esta ley?

El 1 de enero de 2026 entró oficialmente en vigor DAC8. Se trata de la octava modificación de la directiva europea sobre cooperación administrativa entre las autoridades fiscales. El núcleo es sencillo: las agencias tributarias deben intercambiar automáticamente información sobre la tenencia de criptomonedas y las transacciones cripto.

El motivo es claro. Los gobiernos observaron que cada vez se ganaba y almacenaba más dinero en criptomonedas, mientras que el fisco tenía muy poca visibilidad sobre ello. Las criptomonedas quedaban fuera de los sistemas existentes de intercambio de información, como los que llevan años aplicándose a las cuentas bancarias.

Con DAC8, la Unión Europea pretende cerrar ese vacío. Criptomonedas como bitcoin, ethereum y XRP pasan a equipararse fiscalmente a los productos financieros tradicionales. De este modo, la evasión fiscal mediante criptomonedas debería resultar mucho más difícil.

La Comisión Europea propuso la ley a finales de 2022 y en octubre de 2023 todos los Estados miembros dieron su aprobación definitiva.

Esto es lo que ha cambiado desde el 1 de enero

Al tratarse de una directiva de la UE, DAC8 se aplica en todos los países miembros. Cada Estado puede decidir cómo incorporar exactamente las normas a su legislación nacional, pero el resultado final es el mismo en toda la Unión.

Desde el 1 de enero de 2026, los exchanges de criptomonedas (como Bitvavo), los brókers y los proveedores de carteras están obligados a registrar los datos de sus usuarios. Se trata de datos personales, saldos y transacciones. Todo lo que hagas en una plataforma a partir de ese momento queda registrado.

Estos datos no se quedan almacenados sin más. En 2027 se enviarán por primera vez a las autoridades fiscales nacionales y, posteriormente, se compartirán de forma automática con otros países de la UE si allí tienes obligaciones fiscales. A partir de entonces, Hacienda podrá comparar directamente tu declaración con los datos cripto recibidos.

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¿Qué significa esto para ti como usuario?

Para la mayoría de las personas, no cambia nada en la propia declaración. Ya estabas obligado a declarar tus criptomonedas y los posibles beneficios, y eso sigue siendo así.

La novedad es que la Agencia Tributaria ahora recibe la información automáticamente de exchanges y brókers. Estos datos no se rellenan previamente en tu declaración, como ocurre con las cuentas bancarias o el salario. Se utilizan sobre todo para control y supervisión.

Si tu declaración no coincide con la información facilitada por los exchanges, la Agencia Tributaria puede hacer preguntas concretas o iniciar una investigación.

Más transparencia, pero también preocupaciones

Los defensores consideran DAC8 un paso necesario hacia un sistema fiscal más justo y un mercado cripto más maduro. Menos margen para el fraude y la evasión fiscal podría generar confianza, especialmente entre inversores grandes e institucionales.

Los detractores destacan sobre todo la pérdida de privacidad. Las criptomonedas se presentaron en su día como una alternativa a bancos y gobiernos, pero bajo DAC8 cada transacción queda vinculada a una identidad. Organizaciones defensoras de la privacidad hablan de una forma de vigilancia muy amplia sobre usuarios que no han cometido ninguna irregularidad.

También dentro del sector hay críticas. Especialmente las empresas cripto más pequeñas temen la carga administrativa y los costes adicionales. Advierten que unas normas estrictas pueden frenar la innovación y empujar a los emprendedores a trasladarse a países fuera de la UE.

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