Un jefe australiano se arriesga a 20 años de cárcel por un fraude
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El ex-CEO de la crypto plataforma australiana Mine Digital, Grant Colthup, robó $1,47 millones de dólares a un cliente que quería comprar Bitcoin (BTC). Al menos, esta es la acusación sobre la cabeza de Colthup, según la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC).
Criptomonedas robadas para saldar deudas
Un cliente de Mine Digital había transferido $1,5 millones de dólares (2,2 millones de dólares australianos) a ACCE Australia, pero nunca recibió a cambio el BTC prometido. El regulador ASIC alegó que Grant Colthup utilizó el dinero para pagar deudas de ACCE Australia (ACCE), la empresa de la que Mine Digital formaba parte.
Las acusaciones se producen apenas dos meses antes de que la empresa quebrara en septiembre de 2022. Desde entonces, los acreedores intentan recuperar $16 millones de dólares de la plataforma. El 21 de octubre, Colthup compareció ante un tribunal de Queensland (Australia). Allí se le acusó de fraude en virtud del artículo 408C del Código Penal de Queensland de 1899, que conlleva una pena máxima de 20 años de cárcel. El caso se aplazó hasta el 16 de diciembre de 2024.
Durante el periodo en que supuestamente tuvo lugar la transacción, el precio del bitcoin fluctuó entre $18.890 y $24.580. Con el precio actual del bitcoin en torno a los 67.460 dólares, la inversión de $1,47 millones de dólares valdría ahora entre $4 y $5,24 millones de dólares.
La quiebra de la crypto plataforma Mine Digital
Mine Digital, fundada en mayo de 2019, ofreció varios servicios de intercambio hasta su quiebra en septiembre de 2022. ACCE fue puesta entonces bajo administración, lo que la dejó sin control sobre sus propios activos y fondos. Las primeras investigaciones revelaron que sólo $20.000 en activos estaban bajo el control de ACCE, una cantidad muy alejada de los $16 millones reclamados por los acreedores.
Brad Tonks, socio de Recuperación de Empresas e Insolvencia de PKF, fue nombrado liquidador de deudas de ACCE el 1 de diciembre de 2022. Apenas un mes después, en enero de 2023, PKF estudiaría la posibilidad de emprender acciones legales para llevar a Colthup ante los tribunales y compensar a los acreedores que aún esperaban el reembolso de sus inversiones perdidas.
