CEO Richard Teng informa de la prohibición permanente de su fundador
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Actualmente, el antiguo director ejecutivo de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, se encuentra detenido, donde cumplira una condena de 4 meses por violar la ley de secreto bancario. Esta ley se basa en el impedimento del blanqueo de capital procedente de actividades delictivas a través de instituciones financieras
Zhao supuestamente no lo hizo con Binance. y aunque la pena de cárcel termina en unas semanas, ahora se sabe que nunca se le permitirá volver a dirigir o gestionar el exchange.
Cadena perpetua para Zhao
El sitio web de noticias estadounidense Axios publicó un artículo el 5 de septiembre en el que el actual jefe de Binance, Richard Teng, supuestamente contaba que CZ tiene una prohibición de por vida para dirigir o gestionar la bolsa.
Una declaración sorprendente, ya que las fuentes de noticias informaron de una prohibición de tres años en el momento del acuerdo. Ahora parece ser ligeramente diferente. Se dice que la confusión radica en la forma en que este entendimiento se incluye en el acuerdo transaccional.
La exclusión no es una obligación legal
El acuerdo de conciliación entre las autoridades estadounidenses y Binance se formó en noviembre del año pasado. En él se estipulaba que Zhao se confesaría culpable de una sospecha y que la bolsa pagaría una multa de $4.300 millones. Como resultado, se confesó culpable de violar la Ley de Secreto Bancario. Unos meses más tarde, un juez dictó una sentencia de cuatro meses de cárcel en una causa judicial contra el propio Zhao. Comenzó a cumplir su condena a finales de mayo, por lo que saldrá en libertad a finales de este mes.
Otra parte del acuerdo fue que CZ dejaría de ser director de la plataforma de negociación. En su lugar, Richard Teng fue nombrado nuevo director. En el momento del nombramiento, Zhao todavía comentó que siempre estaría disponible para la plataforma. Sin embargo, el acuerdo de conciliación establece que Binance habría acordado una prohibición de por vida para Zhao. Sólo la forma en que se redactó este acuerdo hace pensar que se trataba de una consideración de los demandantes como posible medida correctiva adoptada por la plataforma. En ninguna parte se refleja que esta medida fuera también una obligación legal.
