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Se ha producido un notable crypto-caso, una mujer que recibía asistencia social perdió sus prestaciones después de que se descubriera que comerciaba con importantes cantidades de criptomonedas. Sin embargo, su crypto aventura no había sido declarada al ayuntamiento.
El ayuntamiento no sabía nada del comercio de criptomonedas
La mujer, residente en Holanda, fue sorprendida por los servicios sociales por comerciar con criptomonedas cuando aún dependía de las prestaciones sociales. Resulta que estaba invirtiendo cantidades sustanciales y obteniendo beneficios de sus inversiones en crypto. La mujer recurrió la decisión, sin éxito. El juez de medidas cautelares decidió retirarle las prestaciones.
Es crucial que las personas que reciben prestaciones sociales informen plenamente al ayuntamiento de todos sus ingresos. Esto se debe a que esta información constituye la base para evaluar el derecho a las prestaciones. En caso de que el ayuntamiento no disponga de toda la información necesaria, se reserva el derecho a retirar la prestación. En caso necesario, el ayuntamiento también puede hacerlo con carácter retroactivo.
Inversiones ocultas
En septiembre del año pasado, la mujer recibió una carta del ayuntamiento solicitando información adicional sobre su situación financiera. El ayuntamiento le pidió los extractos de todas sus cuentas bancarias de los últimos tres meses, así como una lista detallada de sus otros activos financieros. Se le dio un plazo de dos semanas para presentar todos los datos al ayuntamiento.
El ayuntamiento dictaminó que la mujer había presentado pruebas demasiado escasas. En respuesta, se le retiró la prestación social y se le invitó a una entrevista en la oficina municipal. Durante esta entrevista, el ayuntamiento descubrió nuevos recursos financieros: una cuenta bancaria en Triodos con un saldo de 20.000€, así como transacciones en el exchange de criptomonedas Coinbase y en el banco online N26.
El juez dictamina
El municipio dio a la mujer una tercera y última oportunidad de hacer una divulgación completa sobre sus finanzas. Cuando no proporcionó información adecuada, incluso después de esta oportunidad, el municipio decidió en diciembre para retirar permanentemente sus beneficios.
La mujer recurrió la decisión alegando que había facilitado toda la información disponible. El ayuntamiento de Zoetermeer no lo acepta y alega que la mujer incumplió así sus obligaciones en materia de suministro de información.
En la sentencia, el juez de medidas provisionales apoya plenamente al municipio. Según el juez, la mujer no proporcionó extractos suficientemente detallados de sus cuentas de Paypal y N26. La captura de pantalla de su cuenta de Paypal sólo mostraba que no tenía acceso, sin aclarar por qué. El archivo Excel de su cuenta de N26 fue rechazado como prueba porque podía ajustarse manualmente.
