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Ripple (XRP) vuelve a los tribunales con un nuevo caso legal. Esta vez se trata de una demanda civil en California sobre reclamaciones de valores contra el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse.
Se presentaron cinco demandas contra el CEO. Cuatro de ellas fueron desestimadas por un juez y estaban relacionadas con la venta de valores sin registrarlos previamente ante la autoridad reguladora competente, como la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC).
Sin embargo, quedó una demanda pasada por alto y se refiere a la violación de las leyes de valores de California, acusando a Garlinghouse de hacer declaraciones engañosas.
El CEO de Ripple engañó sobre las ventas de XRP
Las declaraciones engañosas supuestamente provienen de una entrevista de 2017 en la que el CEO de Ripple afirmó que estaba «yendo largo en XRP». Al mismo tiempo, parecía estar vendiendo millones en XRP en varios exchanges de criptomonedas. Esto significa que ahora un jurado se pronunciará sobre estos cargos contra Ripple.
Los abogados de Ripple afirman que XRP no se ajusta a la definición de valor según el Howey Test, una prueba para determinar si una transacción se califica como valor. Basándose en este razonamiento, los abogados sostienen que las declaraciones de Garlinghouse no pueden dar lugar a una demanda por engaño en relación con un valor.
Sin embargo, la juez, Phyllis Hamilton, no está de acuerdo. Hamilton sostiene que el tribunal no puede establecer que las acciones de Ripple no hubieran dado lugar a una expectativa razonable de beneficio. El fallo de la juez refleja que las decisiones anteriores en casos similares no siempre tienen un impacto decisivo.
Evolución del caso de la SEC contra Ripple
La batalla legal entre Ripple y la SEC sigue en pleno apogeo. Parece que poco a poco estamos llegando a una conclusión en la que la agencia gubernamental exige una fuerte multa. Sin embargo, Ripple ha solicitado una multa menor utilizando como referencia las multas impuestas a Terraform Labs.
Sin embargo, la SEC subraya que la situación de Ripple no es comparable a la de Terraform Labs, dada la gravedad de las violaciones y las circunstancias de las empresas implicadas. En consecuencia, la agencia gubernamental mantiene por ahora su propuesta original de multa de casi $2.000 millones de dólares. El regulador argumenta que una multa inferior no respaldaría adecuadamente la legislación penal.
