Foto: Muhammad Alimaki/Shutterstock
El Gobierno de Estados Unidos ha vuelto a sentarse a la mesa con representantes del sector cripto y bancario.
Así lo confirmó Brad Garlinghouse, consejero delegado de Ripple, en una entrevista con Fox News. Las conversaciones giran en torno a una importante ley de estructura de mercado que actualmente se debate en el Senado. En particular, las normas sobre los rendimientos de las stablecoins están generando debate.
La CLARITY Act vuelve a ser tema de discusión
Según Garlinghouse, el director jurídico de Ripple, Stuart Alderoty, estuvo presente en la reunión celebrada en la Casa Blanca.
El encuentro se produjo tras una reunión anterior, el 10 de febrero, sobre la llamada CLARITY Act, una ley destinada a proporcionar un marco jurídico claro para los activos digitales. Ese intento previo no concluyó con un acuerdo.
Llamó la atención que varios responsables políticos, el presidente de la CFTC, Michael Selig, y algunos senadores asistieran poco antes del encuentro a un foro celebrado en Mar-a-Lago.
El evento tuvo lugar en la propiedad privada del presidente Donald Trump. Allí, el senador Bernie Moreno expresó su expectativa de que la ley pueda estar lista para su firma ya en abril.
La CLARITY Act fue aprobada en julio por la Cámara de Representantes, pero desde entonces su tramitación se ha retrasado en el Senado.
“Estimo ahora en un 90% la probabilidad de que la ley se apruebe antes de finales de abril. No debemos permitir que la búsqueda de la perfección se convierta en el enemigo del progreso tan necesario”, afirmó Garlinghouse.
Las stablecoins, un punto sensible
Uno de los puntos más delicados es la remuneración de las stablecoins. El núcleo del conflicto gira en torno a los rendimientos que pueden ofrecerse sobre estos activos. Algunas propuestas limitan los intereses que los emisores o las plataformas pueden pagar por los saldos en stablecoins.
Los bancos abogan por prohibir el pago de intereses. Temen que, de lo contrario, las stablecoins compitan con las cuentas de ahorro tradicionales. Según ellos, se difuminaría la frontera entre un medio de pago y un depósito, sin que se apliquen las mismas normas.
Esto genera fricción con las empresas cripto, que temen que se frene la innovación. Esta semana, la Digital Chamber publicó directrices en las que sostiene que permitir rendimientos limitados ayuda precisamente a mantener el dominio del dólar en los mercados digitales. Sin esa posibilidad, alternativas extranjeras ganarían terreno.
La presión política aumenta
No todo el mundo está satisfecho con la versión actual de la ley. Anteriormente, Brian Armstrong, consejero delegado de Coinbase, se mostró muy crítico con la CLARITY Act en su forma actual.
Sus objeciones se centran en las limitaciones sobre acciones tokenizadas, recompensas en stablecoins y un posible traslado de poder de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a la Securities and Exchange Commission (SEC).
Según analistas en Washington, el mayor riesgo ya no reside tanto en los detalles técnicos, sino en el calendario. Con las elecciones acercándose, los senadores quieren acelerar el proceso.
La semana pasada, en la sección de Administración y Regulación, se informó de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos considera esta nueva legislación clave para restaurar la confianza en el mercado cripto.
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