Desde mediados de este año hemos podido observar que el proyecto de la ley MiCA ha llegado para quedarse en la Unión Europea (UE). Hoy hemos sabido que España ha decidido acelerar el proceso de implementación de las normas MiCA, debido a la presión de la Unión Europea y la recomendación de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM, o ESMA en inglés).
Un paso más cerca de las normas MiCA
En la carta dirigida a la actual ministra de economía Nadia Calviño, se destaca la importancia de una acción coordinada a nivel de la Unión Europea. En efecto, la AEVM resalta los desafíos específicos que enfrenta el sector de criptoactivos, así como la necesidad de garantizar una mayor protección para los inversores, aunque con matices:
«Aunque el Reglamento MiCA es un paso adelante bienvenido, no proporcionará el mismo nivel de protección al inversor que existe para los productos de inversión financiera tradicionales, ni permitirá mitigar todos los riesgos significativos vinculados a los criptoactivos.», se declaraba en la carta.
Estos cambios, en principio, entrarán en vigencia a finales del próximo año para las empresas que buscan una nueva licencia. Sin embargo, las empresas de cryptos que recientemente se han implementado al mercado español como lo son Coinbase, Kraken o Crypto.com, ya operan bajo la ley nacional, y pueden continuar durante 18 meses adicionales. En razón de esto, los reguladores se muestran preocupados de que un período de implementación demasiado largo pudiese suponer una desventaja para los clientes de las aproximadamente 2.000 empresas registradas del sector crypto.
España bajo el cronómetro de la UE
España se encuentra ahora bajo presión, pues debe reestructurar su plan para que la puesta en vigor de estas normas se efectúe lo mas rápido posible. En la carta, se explicitaba la preocupación de un efecto de «forum-shopping«, es decir, al buscar establecerse en países con regulaciones de criptomonedas más laxas en comparación con otros países de la UE para ganar competitividad, situación en la que se encuentra ahora mismo el país peninsular.
El nuevo objetivo de España es pues, que la implementación de las normas se alcance en Diciembre de 2025, ni mas ni menos que la mitad de lo que se había estipulado desde un inicio por parte de la Unión Europea.
