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Hester Peirce, miembro del comité de la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC), también es conocida en el mundo de los activos digitales como la «crypto mamá» por su actitud positiva hacia el sector de las criptomonedas.
La SEC rechazó recientemente una propuesta para cambiar la llamada «ley mordaza», una decisión con la que Peirce no está de acuerdo. En un artículo de su blog, afirma que esta norma prohíbe al público estadounidense criticar al gobierno.
¿Quién es Hester ‘crypto mamá’ Peirce?
Peirce es una abogada estadounidense y miembro del comité de la SEC desde 2018. Fue nombrada por el entonces presidente Donald Trump y asumió su cargo por primera vez en enero de 2018.
Peirce es conocida por su postura crítica hacia el regulador para el que trabaja. Se ha posicionado como defensora de la innovación en el sector financiero, y principalmente de las criptomonedas.
Durante muchos años, por ejemplo, opinó que la SEC debería aprobar un ETF de Bitcoin (BTC).
La «crypto mamá» critica la «ley mordaza»
Desde 1972, la SEC utiliza la ley mordaza. Prohíbe a las empresas que llegan a un acuerdo con la SEC negar públicamente las acusaciones contra ellas.
Esta norma pretende mantener la integridad reguladora garantizando que los acuerdos no se vean socavados por desmentidos públicos, lo que protege a los denunciantes y fomenta la denuncia de posibles infracciones a la SEC.
La Nueva Alianza por las Libertades Civiles (NCLA) ha instado a la SEC a que revise la ley mordaza. La NCLA pide a la SEC que modifique las normas para que las personas que lleguen a un acuerdo con ellos puedan elegir si aceptan, niegan o no expresan una opinión sobre las acusaciones.
Esto permitiría a las personas compartir más abiertamente sus opiniones sobre el asunto sin afectar a los resultados del acuerdo. Sin embargo, la SEC rechazó la petición. El regulador no consideró los argumentos suficientemente convincentes y argumenta que la ley mordaza entra dentro de su autoridad para determinar cómo lleva a cabo las tareas de aplicación y los acuerdos.
Peirce, sin embargo, cree que esta política erosiona la credibilidad del regulador y crea problemas en relación con la libertad de expresión, consagrada en la Constitución estadounidense.
