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Las agencias tributarias de todo el mundo se preparan para una nueva fase de supervisión sobre las criptomonedas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha confirmado que el sistema internacional de reporte CARF entra oficialmente en vigor. Esto obliga a los proveedores de servicios cripto a registrar datos de transacciones con fines fiscales.
La implementación supone un paso claro hacia una mayor transparencia dentro del sector. Los gobiernos quieren tener una mejor visión de los flujos internacionales de dinero y combatir la evasión fiscal. Para los inversores, esto significa que el anonimato será cada vez más difícil de mantener.
Implantación mundial del nuevo sistema de reporte
CARF son las siglas de Crypto Asset Reporting Framework y ha sido desarrollado por la OCDE. El sistema obliga a los proveedores de servicios cripto a recopilar datos de los usuarios y compartirlos con las autoridades fiscales.
A partir de este año, 48 países comenzarán con la recopilación de estos datos. El intercambio de información tendrá lugar en 2027. Otros países se incorporarán más adelante y dispondrán de más tiempo para adaptar su legislación.
El objetivo es mejorar la recaudación de impuestos y hacer visibles las estructuras transfronterizas. Los gobiernos quieren evitar que las criptomonedas se utilicen para mantener patrimonio fuera del radar fiscal. Los países del G20 ya impulsaban esta iniciativa desde 2021, tras lo cual la OCDE fijó las normas en 2022.
Aunque CARF está pensado para fines fiscales, existe la preocupación de que los datos se utilicen de forma más amplia. Según la empresa de fiscalidad cripto TaxBit, esta información puede ofrecer una visión clara sobre la propiedad y la identidad de los usuarios.
Países como Australia, Canadá, México y Suiza comenzarán más tarde y tienen hasta 2027 para prepararse. Hong Kong, por su parte, estudia cómo aplicar las normas a nivel local para combatir la evasión fiscal transfronteriza.
Aumenta la presión sobre la privacidad y el sector
Aunque oficialmente los datos solo están destinados a fines fiscales, crece la preocupación de que se utilicen de manera más amplia. Expertos señalan que esta información también podría servir para labores de investigación y supervisión dentro de las redes financieras.
Para los usuarios, esto implica que las transacciones estarán cada vez más vinculadas a su identidad. En especial, las plataformas centralizadas asumen un papel más relevante en la recopilación y transmisión de datos.
La OCDE subraya que los países siguen siendo responsables de la aplicación y la seguridad de los datos. Al mismo tiempo, crece la demanda de límites claros sobre lo que los gobiernos pueden hacer con esta información.
Impacto en la estructura del mercado y la política
La introducción de CARF encaja en un movimiento más amplio hacia una regulación más estricta del sector cripto. Los gobiernos quieren que se apliquen las mismas reglas que en las instituciones financieras tradicionales.
Para el sector, esto aporta mayor claridad, pero también implica costes adicionales para cumplir con todos los requisitos. Los grandes actores suelen poder asumir estos cambios con mayor facilidad que los proveedores más pequeños.
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