Foto: Shutterstock/Alex Tihonovs
En España, uno de los partidos de gobierno trabaja en un plan para reformar por completo la fiscalidad de las criptomonedas. La formación de izquierda Sumar propone que las ganancias ya no tributen bajo el régimen ventajoso de ahorro, sino como ingresos ordinarios.
En el escenario más extremo, esto elevaría el tipo impositivo hasta un 47%. Los críticos alertan que esta medida podría expulsar talento e inversión del país. A la vez, demuestra que cada vez más países se toman el sector cripto en serio.
Unas propuestas fiscales que generan inquietud
Sumar busca modificar tres grandes leyes tributarias, incluida la del impuesto sobre la renta. Con los cambios:
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las ganancias de criptomonedas pasarían a integrarse en los tramos más altos del IRPF,
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las empresas tendrían que pagar un tipo fijo del 30%,
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y todas las criptomonedas podrían clasificarse como bienes susceptibles de confiscación.
Pero la abogada Cris Carrascosa señala que esto es inviable en la práctica:
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activos como Tether (USDT), al no cumplir la normativa europea, no pueden ser custodiados por entidades reguladas,
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por tanto, no pueden ser confiscados por el Estado.
El economista fiscal José Antonio Bravo Mateu califica el plan como un “ataque a Bitcoin”, ya que los activos autocustodiados no pueden rastrearse ni incautarse. Afirma que esta propuesta solo servirá para ahuyentar a los inversores.
Una tendencia global: la cripto se vuelve adulta
España no es la única que ajusta su legislación. La tendencia es internacional:
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Estados Unidos prepara normas más estrictas para monitorizar transacciones internacionales e incluso contempla permitir el pago de impuestos en bitcoin, que luego se almacenaría en una reserva nacional de BTC.
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Brasil quiere gravar las transacciones cripto internacionales desde 2026 como si fueran divisas extranjeras, afectando también a las stablecoins.
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Corea del Sur planea un impuesto fijo del 20% sobre las ganancias cripto, aunque su implementación se ha retrasado varias veces.
Es un movimiento global hacia normativas más claras, reflejo de un sector que ha madurado. Aun así, el caso español muestra un riesgo evidente:
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una presión excesiva puede frenar la innovación,
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mientras que unas reglas claras pueden aportar estabilidad.
La clave será encontrar un equilibrio.
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